Para avanzar en la estabilización y recuperación económica de Venezuela, resulta imprescindible abrir de inmediato una negociación seria sobre el cronograma electoral. Este paso no solo permitiría encauzar institucionalmente las tensiones políticas, sino también ofrecer una señal clara en la ruta hacia la democracia. A pesar de que las expectativas de cambio expresadas de forma contundente en las votaciones del 28 de julio de 2024, aún no han sido plenamente satisfechas, producto del fraude cometido por Maduro, ahora más que nunca existe un sentimiento mayoritario de cambio y la oportunidad después del 3 E de construir una salida progresiva y sostenible entre todos.
Más allá de las controversias sobre la validez formal del interinato —un debate que no debe ser subestimado—, los hechos se han impuesto con contundencia: sin legitimidad de origen ni garantías institucionales, la confianza para los inversionistas es inviable.
La reacción cautelosa de los inversores internacionales frente a los llamados para participar en la reconstrucción económica del país no es casual. Han transcurrido más de cien días desde que se anunciaron iniciativas desde centros de poder externo, y aún no se traducen en proyectos concretos, contratos verificables ni planes estructurados que permitan vislumbrar una ruta creíble hacia la estabilización. Todo ello ocurre en un contexto global en el que la energía y las materias primas sitúan a Venezuela en una posición privilegiada. Sin embargo, ese potencial permanece bloqueado por una razón determinante: la ausencia de un Estado de derecho.
Los mercados no responden a declaraciones políticas, sino a certezas jurídicas. Y estas solo pueden emanar de instituciones legítimas, independientes y reconocidas. En esa dirección apunta la hoja de ruta de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que plantea condiciones claras para la transición: la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución y la reinstitucionalización del Estado, en especial la del Poder Judicial.
En ese proceso, asegurar derechos fundamentales —incluida la libertad de expresión— contribuye a generar un entorno de confianza y normalidad institucional. Esto también implica medidas concretas, como la devolución de los medios de comunicación confiscados —emisoras de radio, televisoras y periódicos— a sus legítimos propietarios, así como el levantamiento de restricciones a medios digitales.
Sin estos pilares, cualquier intento de reconstrucción estará condenado a la fragilidad y a la reversibilidad.
La normalización del sistema político, que incluye la restitución de los derechos políticos y el funcionamiento pleno de los partidos, no es una concesión: es una condición indispensable. Del mismo modo, la designación de un árbitro electoral independiente (CNE), como propone la PUD, resulta clave para restituir la confianza en el voto como instrumento de cambio. Venezuela no solo requiere recuperar su economía; necesita reconstruir la legitimidad y restablecer la confianza en una ruta clara hacia la democracia. Ello demanda acuerdos plurales entre las élites, reconocimiento internacional y, sobre todo, la validación soberana del pueblo mediante elecciones libres, transparentes y verificables.
El país se encuentra ante una encrucijada histórica. La prolongación indefinida de una situación de excepción —marcada por la ausencia de garantías, la opacidad institucional y la inseguridad jurídica— ha profundizado el colapso de los servicios públicos y la crisis social. Sin embargo, también es cierto que existen condiciones para iniciar un proceso de corrección. Por ello, la convocatoria a un proceso electoral integral debe entenderse no solo como una necesidad política, sino como una oportunidad para lograr la gobernanza y la gobernabilidad del país.
Una elección presidencial, acompañada de la legitimación de todos los cargos de representación, permitiría restablecer el orden constitucional y sentar las bases de una transición viable. Solo así será posible ofrecer al mundo —y a los propios venezolanos— un marco confiable para la inversión, el trabajo y la reconstrucción nacional.
Mientras tanto, es imprescindible avanzar en medidas de emergencia que atiendan la dramática situación social, financiadas de forma transparente y desvinculadas de las redes de corrupción que tanto daño le han causado al país.
En definitiva, la salida no está en atajos ni en ficciones jurídicas. Está en el voto, en el ejercicio pleno de la soberanía popular y en la reconstrucción de un sistema donde el poder emane legítimamente de los ciudadanos y donde la libertad de expresión tenga garantías efectivas.
Venezuela tiene la posibilidad de abrir una nueva etapa. Con acuerdos, voluntad política y una ruta electoral clara, es posible dejar atrás la incertidumbre y avanzar hacia un escenario de estabilidad, progreso y justicia. Porque, al final, no hay transición posible sin legitimidad. Y no hay legitimidad sin el voto del pueblo.
Finalmente, cuando terminaba este artículo, el Departamento del Tesoro de EEUU anunciaba la eliminación parcial de las sanciones al BCV. Ojalá que sea auditable, a pesar de todas las manipulaciones financieras – por decir lo menos – del régimen, y que se pueda asegurar en adelante su independencia y autonomía, para cumplir con el mandato constitucional y lograr así que el movimiento de los capitales que ingresan al país, se realice con absoluta transparencia y rendición de cuentas.