Venezuela es uno de los países con mayor índice de criminalidad de América Latina. A pesar del secretismo oficial con respecto a las estadísticas de la inseguridad, hay quienes analizan con absoluta preocupación lo que se ha dado en llamar “la legitimación de la violencia”. En el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) Venezuela, junto a El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil y México, encabeza el ranking de los países de Latinoamérica con el mayor índice de homicidio por arma de fuego. Datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) registran 19.336 asesinatos en 2011.
Hace once años, cuando cumplíamos la labor como Diputado de Aragua a la Asamblea Nacional, concretamente, el 26 de enero de 2001 planteamos la urgencia de llegar a un Pacto entre los Poderes Públicos y la Ciudadanía por la Vida, el cual fue aprobado por unanimidad, pero no hubo voluntad política para cumplirlo. En varias sesiones hasta el 2005, cuando finalizamos la actividad parlamentaria y legislativa, insistimos sobre la urgencia de acatar este acuerdo dirigido a frenar la cultura de la muerte en nuestro país.
En aquel tiempo, las estadísticas oficiales daban cuenta de 49.337 homicidios en Venezuela, entre los años 1990 y 2000. Las muertes en hechos violentos venían incrementándose, sólo en el 2000 se registraron 7.779 homicidios, 1.805 más que el año anterior. Un promedio de 21 muertes por día. Casi un homicidio por hora. Exigimos parar esa carrera de la muerte que afecta y enluta a nuestro país. Ahora elevamos el mismo planteamos, cuando suman más de 130 mil homicidios desde 1999 hasta 2011.
La violencia parece no tener fin, ante un gobierno que esconde estadísticas, divulga falsos logros, es responsable de la condición de rehén del pueblo venezolano, del dolor de miles de familias afectadas por la pérdida de uno o más de sus miembros, y del dominio de las cárceles por parte de avezados delincuentes.
Cómo se explica que el propio presidente muestre una aparente sorpresa ante los hechos ocurridos en varias cárceles venezolanas, donde transitan drogas, armas, municiones, sin duda, con la complicidad de civiles y militares encargados de la custodia. No se trata de correr la arruga de un penal a otro. El paso que debe darse es el desmantelamiento de las mafias que dominan los penales, donde sospechamos la participación y complicidad de funcionarios.
También es reprochable que los ministros encargados de la política de seguridad del Estado mantengan una campaña descalificadora, achacándoles a los gobernadores de Zulia, Carabobo y Miranda la responsabilidad de la inseguridad. Dirían los psicólogos que se trata de un problema de proyección, es decir, ven en los demás sus propias debilidades. Lo que se impone es un acuerdo entre los niveles de gobierno, considerando la seguridad ciudadana como una emergencia.
En la Asamblea Nacional, que ahora se niega a debatir el problema de la inseguridad y la violencia en Venezuela, reposan los acuerdo logrados entre los años 2001 y 2005. Están vigentes la ley de desarme la ley de delitos informáticos, otras han sido reformadas, como la Ley contra la Delincuencia Organizada (con el agregado de financiamiento al terrorismo) y la Ley de drogas, desmejorando alcances contemplados en las leyes antecesoras, cuando lo necesario era conectarla a los nuevas estrategias contra los grupos delictivos organizados. Otras se aprobaron en primera discusión, como Ley que crea el Fondo para la Prevención del Delito y la Ley de Convivencia Ciudadana y Solución de Conflictos en las Comunidades, que deben discutirse y actualizarse.
Ante el cuadro de inseguridad reinante en nuestro país, todos los poderes públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra la seguridad como derecho fundamental de todas las personas.
Repetimos hoy lo que afirmamos hace once años:
Tenemos que actuar, para que el debilitamiento de la familia no siga privando a la sociedad de su principal fuente de convivencia, de valoración de la tolerancia y de la solidaridad.
Debemos romper el «círculo perverso de la exclusión social», conformado por privaciones alimentarias, exclusión educativa, imposibilidad de competir en el mercado laboral, desempleo, falta de vivienda, de servicios básicos.
Tenemos que hacer de la fuerza de la ley, la única vía para combatir el delito. Para vencer a los grupos delictivos que se disputan un mercado montado sobre una economía subterránea, donde se movilizan diariamente cantidades multimillonarias de dinero de origen ilícito.
Sólo mediante la ley lograremos el triunfo sobre la impunidad.
No con apoyos obligados o complacientes se valora la gestión gubernamental. La Asamblea Nacional está obligada a vigilar el cumplimiento de los planes y programas sociales, educativos y de seguridad, porque es su responsabilidad y porque constituyen la esencia de la prevención social integral y la garantía del derecho a la seguridad. Que tal si comienzan con los Ministro del Interior y Justicia y de Asuntos Penitenciarios.
Les propongo actualizar el Pacto de los Poderes Públicos con los
Ciudadanos POR LA VIDA.