Hay claras evidencias de que Nicolás Maduro está caído, es decir, cercado en todos los frentes: económico, político, diplomático, jurídico y militar. Más aún y más importante: sin apoyo del pueblo. La escasa base social que tenía está reducida, empobrecida y desmoralizada.
Las posibilidades de una salida negociada, que en algún momento fueron una opción, se han evaporado por el incumplimiento de compromisos como el acuerdo de Barbados.
El cierre de la vía electoral por el robo de la elección presidencial de 2024, y la violación sistemática de los derechos humanos, obligan al país, con valentía y fuerza , a romper las cadenas impuestas por el madurismo.
Como lo dijimos en nuestros libros Estado Delincuente (2013) y El Gran Saqueo (2015), sobran pruebas de cómo se sustituyó el estado de Derecho por un sindicato criminal cuyo jefe es Nicolás Maduro. Llegó la hora de que algunos de los acompañantes de Maduro perciban la oportunidad y faciliten la transición, evitando un estallido de violencia, buscando una salida negociada con el eje Machado-González Urrutia, como ha propuesto el rector de la UCAB, Arturo Peraza.
El relato de la comunidad internacional, en especial de EEUU, apunta de manera prioritaria al cambio político urgente que reclama Venezuela y que es respaldado mayoritariamente por nuestro pueblo. Rechazar la usurpación de Maduro no significa abrir las puertas a la injerencia. Una intervención extranjera, lejos de solucionar la crisis, solo multiplicaría el sufrimiento de la población y debilitaría la legitimidad del proceso democrático. El camino correcto sigue siendo la presión internacional combinada con la fuerza cívica interna. Como lo dijo Edmundo González Urrutia en la carta que dirigió a la comunidad internacional: debemos esforzarnos todos por abrir una transición pacífica hacia la democracia.
Reiteramos que el papel de la Fuerza Armada es fundamental. La mayoría de sus integrantes y sus familias también son víctimas de la pobreza y el miedo. Deben permanecer fieles a su juramento constitucional. Están obligados a actuar por encima de parcialidades políticas, acatando la decisión del soberano en la elección presidencial de 2024.
El cambio del régimen planteado presenta muchas interrogantes. Una de ellas es el papel de la Asamblea Nacional de 2015 en la juramentación de Edmundo González como Presidente de Venezuela. Otra: ¿qué hacer con los poderes fácticos originados en el fraude continuado a la Constitución?: magistrados de TSJ, gobernadores, alcaldes…
El nuevo gobierno debe promover la reconstrucción del país convocando a la unidad nacional, tratando de evitar la violencia y el derramamiento de sangre y teniendo a la Constitución y su plena vigencia como el punto de partida para el reencuentro .