En nuestros libros Estado Delincuente (2013) y El Gran Saqueo (2015) demostramos, con evidencias, cómo el Estado de derecho fue sustituido por un entramado criminal.
Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón con amplitud. Mediante la violación sistemática de la Constitución y de los derechos humanos, se impuso un sistema cleptocrático y kakistocrático que terminó por arruinar al país.
Tras innumerables negociaciones y diálogos, con mediación internacional de varios países, el autócrata Maduro no cumplió ninguno de los acuerdos. El hecho más reciente ha sido el descarado robo de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que, pese a todos los obstáculos impuestos por el régimen madurista y gracias al liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González y los partidos de la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), obtuvimos una victoria contundente, certificada por las actas de las mesas de cada centro de votación.
Maduro fue rechazado mayoritariamente por el país. Sin embargo, el Presidente Electo Edmundo González, reconocido internacionalmente, ha sido sometido a una persecución implacable. Hace apenas unas horas, su yerno Rafael Tudares, secuestrado en una cárcel, incomunicado y sin defensa legal, fue condenado a treinta años sin haber cometido delito alguno.
Maduro debe renunciar a la usurpación de la Presidencia y así facilitar el cambio político urgente que reclama el país.
Para liberar a Venezuela, necesitamos la máxima presión internacional, es decir, construir un escenario de transición hacia la democracia, lo menos traumático posible. Los venezolanos hemos sido víctimas de la guerra criminal de un Estado delincuente que, a pesar de la victoriosa rebelión del voto en 2024, pretende seguir aplastando a la mayoría de un país que solo desea paz y democracia.
No voy a enumerar las violaciones que los venezolanos hemos sufrido en todos los ámbitos de nuestras vidas. Todos padecemos a diario las más variadas injusticias y arbitrariedades por parte de quienes ejercen el poder en Venezuela de manera ilegítima y asfixiante.
El régimen actúa como un Estado terrorista al perseguir a quienes piensan distinto, buscando así perpetuarse en el poder. Es una dictadura de hambre y corrupción que condena a las grandes mayorías a carecer incluso de lo mínimo indispensable, mientras los enchufados del poder exhiben riquezas y lujos grotescos.
Esta tragedia no puede continuar. Necesitamos con urgencia el auxilio de la comunidad internacional para obligar a Maduro a renunciar y, de ese modo, iniciar la liberación y reconstrucción del país.
Además del colapso que vive Venezuela y que exige un cambio urgente de rumbo, el autócrata enfrenta gravísimas acusaciones penales en instancias internacionales – como la Corte Penal Internacional (CPI) – y en Estados Unidos. Quien nada debe, nada teme. Debe enfrentar los señalamientos en su contra – corroborados por testigos de su propio entorno – y no utilizar como escudo a la pequeña parte del pueblo que aun lo sigue por sus mentiras y manipulaciones.
Durante todos estos años, Chávez y Maduro auspiciaron y permitieron la invasión del país por parte de Cuba, el ELN, las FARC, Hezbolá, Rusia e Irán, entre otros. El desconocimiento de las resoluciones de organismos internacionales como la ONU, la OEA y la UE, así como de los acuerdos bilaterales firmados con Estados Unidos en Qatar, evidencia que Maduro no cumple y, por tanto, carece de credibilidad.
Por todo ello, ya sobran las palabras: lo único que esperan Venezuela y la comunidad internacional es la renuncia inmediata de Nicolás Maduro. No puede continuar usurpando la Presidencia de la República. Con la fuerza de todos debemos liberar a nuestro país y transformarlo en un espacio de reencuentro, libertad, crecimiento económico, justicia y progreso social.