El 28 de julio de 2024, el pueblo venezolano habló con contundencia después de los difíciles acuerdos alcanzados entre la oposición y el oficialismo con la mediación internacional. Parecía que el camino había quedado despejado para una salida electoral.
A través de un ejercicio de soberanía directa, tal como lo consagra el artículo 5 de la Constitución de 1999, casi 8 millones de ciudadanos votaron por un cambio político urgente. Ese día no se eligió simplemente a un nuevo presidente: se abrió un espacio para la negociación y la reconciliación que, trágicamente, ha sido cerrado por el descarado fraude de Maduro. Cabe recordar que la Fuerza Armada Nacional tiene bajo su custodia el sobre No.1 con el escrutinio de los resultados electorales de cada mesa de votación del país. Está más que probado y certificado que Nicolás Maduro perdió y que por lo tanto, el presidente electo es Edmundo González Urrutia.
En ese marco, defender el resultado del 28 de julio es un deber constitucional que nos compromete a todos.
Lo que está en juego es la voluntad mayoritaria, que fue traicionada mediante un despojo fraudulento, seguido por una represión brutal. Más de dos mil personas fueron encarceladas o desaparecidas. Incluidos varios asesinatos. Solo por ejercer derechos ciudadanos como votar, ser testigo de mesa, protestar pacíficamente o simplemente tener vínculos con dirigentes opositores. He manifestado reiteradamente mi solidaridad con todos pero hoy sólo mencionaré dos casos: Enrique Márquez, no apoyó a Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones. Fue candidato presidencial y aunque no tuvo gran respaldo, utilizó su experticia en materia electoral para defender ante las instituciones del régimen la validez de un resultado irrefutable. Por ese «delito» está preso e incomunicado desde el 7 de enero.
Ese mismo día, el ciudadano Rafael Tudares llevaba al colegio a sus hijos de 6 y 7 años cuando fue secuestrado e incomunicado. En este caso el “delito” ha sido ser el padre de los nietos de Edmundo González Urrutia.
La esencia de la Constitución radica en el respeto absoluto a la voluntad del pueblo y en el uso de formas legítimas de participación ciudadana. Cualquier alteración de ese principio, en particular si proviene de un poder ilegítimo constituido sobre la base de la trampa y el fraude y no de un poder surgido de elecciones limpias y transparentes, constituye una nueva violación al orden constitucional y democrático.
En lugar de escuchar la voz del pueblo, el régimen de Maduro ha optado de nuevo por el camino de la manipulación y la violencia. Convoca elecciones regionales y parlamentarias de forma improvisada, violando leyes y reglamentos, sin garantías, sin partidos políticos, con la mayoría de los políticos presos o exiliados, tratando de imponer con ello un autoritarismo cada vez más hegemónico y cerrado.
Ahora Maduro, con la misma receta del fraude electoral quiere abrir un proceso constituyente espurio para tratar de reformar o incluso reemplazar la Constitución que sistemáticamente ha pisoteado. No quiere mejorar nada sino imponer, desde la minoría y con el ventajismo del apoyo policial y militar, una agenda para satisfacer sus ambiciones de poder sin límites.
La propuesta de cambio constitucional no solo es ilegítima por su origen, sino también por su contexto. La Constitución vigente fue resultado de un pacto social amplio en 1999, ratificada a través de un referéndum. De igual manera en 2007, la mayoría rechazó en otra consulta popular, el intento de Hugo Chávez de cambiarla.
Cualquier modificación a la Carta Magna debe surgir del mismo tipo de consenso, y no de un régimen cleptocrático que ha secuestrado las instituciones, perseguido a sus adversarios y ahora pretende dar un golpe final a la Constitución que, a pesar de las continuas violaciones, limita su poder.
La Plataforma Unitaria, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la mayoría ciudadana han resuelto que sin las condiciones y las garantías democráticas, no hay participación posible. La ciudadanía ha respondido con lógica popular, negándose a validar procesos tramposos, como también lo hizo en el referéndum del Esequibo, otra maniobra de distracción de Maduro.
Venezuela ya decidió. Y lo hizo a través de su Constitución.
La defensa del texto constitucional no es una consigna jurídica vacía: es la defensa del derecho del pueblo a decidir su destino.
Defender la Constitución de 1999 hoy es, al mismo tiempo, defender el resultado electoral del 28 de julio, la soberanía popular y la posibilidad real de un futuro democrático.