En 2008 un experto internacional en prevención de corrupción y legitimación de capitales que asistía a un evento organizado por nosotros dijo, luego de tres días en Caracas, que veía a Venezuela transitar por el camino de Zimbabue, país de África con el índice de desarrollo humano más bajo del mundo. En ese momento pensamos que exageraba. Lamentablemente, el profesor Saul Froomkin no se equivocaba.
El FMI sostiene que la inflación alcanzará el 720% en Venezuela este año. Zimbabue llegó a ese nivel en 2006, dos años después, ya existían billetes de un billón de dólares zimbabuenses que no eran aceptados ni como limosna. Tal como lo expresó un largo artículo de The Economist de abril de este año, a pesar de las diferencias culturales, el paralelismo político entre ambos países es escalofriante: naciones ricas en recursos naturales, con líderes populistas como Chávez y Mugabe que expropiaron empresas y arruinaron la economía. Caos económico, ventajismo y trampas electorales, utilización de milicias contra oponentes políticos, y un largo etcétera de terribles similitudes.
La cifra es escalofriante: solo 14 millones de venezolanos comen dos veces al día, y la gran mayoría, una sola vez. La escasez, la hiperinflación, la violencia, la represión brutal a quienes protestan y reclaman sus derechos, la violación sistemática de los derechos humanos, ya resulta insoportable. Frente a la desesperación de los ciudadanos, la respuesta del régimen de Maduro y su entorno es mas represión e intransigencia. Se aferran al poder y exhiben con descaro el producto de su corrupción con absoluta impunidad.
Cuando escribía estas líneas para mi artículo semanal de La Patilla me enteré del nombramiento del general Carlos Osorio Zambrano como inspector general de las FAN quien asumió el cargo de manos del ministro de la Defensa. Padrino López incluso anunció que el nuevo titular, debido a su “experiencia”, sería de gran apoyo para el plan de abastecimiento soberano.
El pasado abril denunciamos el caso de la compra de 40.000 toneladas de carne de ínfima calidad de Brasil por parte de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA) con un sobreprecio de 76 millones de dólares – el 60%- y además caducada, en el cual resultaron gravemente comprometidos Carlos Osorio Zambrano, para el momento ministro de Alimentación y responsable de CASA, y sus cuñados Jesús Tomás y Néstor Enrique Marquina Parra, quienes recibieron casi 6 millones de dólares en la cuenta de un banco suizo a nombre de una empresa de maletín registrada en Panamá de la cual son los verdaderos dueños. El pago fue realizado por Naman Wakil, uno de los proveedores privilegiados del régimen, individuo con varias investigaciones abiertas en la Fiscalía.
Nuestra denuncia, con los respectivos documentos que la sustentan, fue recibida y procesada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, a través de los diputados Freddy Guevara, Ismael García y Carlos Berrizbeitia. Una vez cumplido el debido proceso y ante la negativa del general Osorio a comparecer ante el Parlamento para que diera las explicaciones del caso, la AN aprobó mayoritariamente declarar la responsabilidad política de Osorio. Dicho informe fue remitido al Ministerio Público que lo sumó a una investigación que ya estaba en curso en ese despacho por las irregularidades detectadas en la importación de alimentos por organismos públicos, las cuales han ocasionado un gravísimo daño al país.
En el mes de junio, con motivo de los nombramientos de las FAN, se especulaba que este general aspiraba a convertirse en el nuevo ministro de la Defensa o en el comandante del Ejército. Era notorio el malestar en el mundo castrense por los señalamientos nunca respondidos por Osorio y por la investigación que le seguía el Ministerio Público, que lo descalificaban totalmente para ejercer cualquier cargo público.
Luego de ello, aparecieron dos decisiones en un tribunal civil en Valencia mediante las cuales se prohibía a los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia, así como a mi persona, nombrar al general Carlos Osorio. La medida incluso se extendió a todos los medios de comunicación de Venezuela, en un hecho inédito, ilegal y nefasto que fue rechazado por la opinión pública como un nuevo atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
De igual manera, un tribunal penal del circuito de Aragua ha intentado otras acciones ilegales. Se trata de medidas tomadas por seudo jueces convertidos en sicarios judiciales de la casta corrupta que desgobierna.
Por las razones expuestas, habíamos solicitado públicamente al general Padrino López que suspendiera de su cargo al general Osorio mientras se realizaban las investigaciones en su contra. Sin embargo, a pesar de que en privado, tanto el ministro como todos los integrantes del alto mando militar comparten los señalamientos contra Osorio, el país ha sido sorprendido por la decisión de su nombramiento como inspector general de las FAN, impuesto desde Miraflores por Cilia Flores. Lo insólito de la situación es que una persona que autorizó, a cambio de sobornos, la importación de alimentos de mala calidad con sobreprecios, manipulando el hambre de la gente, sea ahora premiado con un cargo de tan alta responsabilidad donde – de nuevo – tendrá bajo su control la importación de alimentos. Más que “Abastecimiento Soberano” lo que seguramente tendremos será un tributo soberano a la corrupción y a la impunidad.
El colapso del país y el fracaso de Maduro, como hemos dicho, es total. Frente a ello y en medio de la desesperación, el régimen arremete contra los líderes de las protestas que exigen cambio y revocatorio. Por otro lado, hay toda una escalada de impunidad para proteger a los corruptos responsables del gran saqueo que padece Venezuela.
Además del caso de Osorio, la decisión de fecha 9 de septiembre del tribunal penal de Caracas a cargo de la juez Joseplin Flores Algarín que deja sin efecto la orden de captura internacional contra la ex tesorera de la nación, mayor de la GNB Claudia Díaz Guillén y su esposo el capitán del Ejército Adrián Velásquez Figueroa – debido a la investigación realizada por el Ministerio Público sobre los Papeles de Panamá y otras mil millonarias irregularidades relacionadas con el diferencial cambiario realizadas desde la Oficina Nacional del Tesoro – confirma cómo desde el propio Miraflores un sindicato del crimen trata de desconocer a instituciones como la Asamblea Nacional y ahora también es evidente que anulan ilegalmente algunas pocas y recientes actuaciones de la Fiscalía que le resultan incómodas.
Todas estas desesperadas actuaciones del régimen de Maduro y su entorno – mientras terminan de raspar la olla – ratifican el temor que le tienen a la indetenible avalancha por el cambio que se expresará este año en el Revocatorio. Con la Unidad y la fuerza de todos, lo lograremos!