Un aspecto positivo de la cumbre que acaba de finalizar en Perú es el acuerdo contra la corrupción que firmó la mayoría de los países asistentes. El documento “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” comprende pasos concretos en temas vitales como la transparencia en la ejecución de obras públicas y compras gubernamentales, el rol del sector privado y la sociedad civil en la prevención de sobornos, el intercambio de información entre los sectores bancario y judicial, la cooperación entre fiscalías para la recuperación de los activos robados a las naciones y el financiamiento de los partidos políticos, todo ello para enfrentar la corrupción que está empobreciendo a nuestros países.
Queremos destacar el compromiso con la protección de los periodistas, denunciantes, testigos y personas que investigan la corrupción. En Venezuela, existen muchos casos de persecución a comunicadores sociales y medios siendo el mas reciente el ataque al portal de investigación ArmandoInfo y a los periodistas Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk y Roberto Deniz por sus valientes denuncias sobre irregularidades en la compra de alimentos para los Claps, cometidas por los funcionarios responsables y el empresario Alex Saab, proveedor favorito del régimen de Maduro.
Otro tema importante es cómo seguir el rastro del dinero de origen ilícito, vinculado casi siempre a la delincuencia organizada transnacional en especial al tráfico de drogas y a la corrupción. Una de las prioridades de la agenda de Lima, cuyo cumplimiento solo será posible a través de una cooperación internacional inteligente, es la recuperación de dinero robado a los pueblos, lo que requiere de acciones judiciales de carácter civil para lograr la extinción del dominio de aquellos bienes cuyo origen esté vinculado al daño patrimonial sufrido por nuestras sociedades, tal y como está previsto en el proyecto de ley que actualmente discute la AN.
Un tema vital para enfrentar la corrupción es el financiamiento de los partidos políticos. El caso Odebrecht puso de nuevo en el tapete que la opacidad en el flujo de recursos que gestionan los partidos políticos para el financiamiento de sus actividades, en especial las campañas electorales, está vinculada a sobornos, tráfico de influencias y otras muchas actividades de carácter criminal que causan un daño sistemático a los derechos humanos. Un ejemplo de ello son las estimaciones que señalan que la corrupción política equivale al 5% del PIB mundial. Ello se puede asociar directa o indirectamente a la muerte de 140.000 niños y niñas al año, según la ONU.
¿Cuántos niños mueren a diario en nuestra Venezuela herida por falta de alimentos y medicamentos o por graves fallas en los servicios públicos de electricidad, agua y recolección y tratamiento de desechos?
Aunque será tema de otro artículo a partir del libro que presentaremos próximamente, no tenemos dudas del vínculo entre la corrupción y la violación de los derechos humanos (DESCA), es decir, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como también del derecho a la vida, la información, la libertad de expresión y los derechos políticos. El efecto devastador de la corrupción está asociado a pobreza, desigualdad, escasez, inflación, impunidad, inseguridad y violencia. Sus peores consecuencias se sienten en las enfermedades y, sobre todo, en el hambre.
Las expropiaciones masivas que acabaron con la producción en Venezuela, la corrupción en la importación de alimentos a dólar preferencial y luego también en la venta a través de los CLAP que sólo llega al 6% de los ciudadanos, sumado a la hiperinflación producto de una política económica equivocada, son las principales causas del hambre. Un caso claro es el de Pudreval en el que PDVSA-BARIVEN dejó pudrir 122 millones de kilos de alimentos que habían sido importados a punto de caducar y con sobreprecio, con la complicidad de altos funcionarios que miraron para otro lado a cambio de sobornos, como lo denunciamos en el libro El Gran Saqueo.
En el resto de Latinoamérica, sin embargo, hay señales positivas. El enjuiciamiento de los responsables del caso Odebrecht en Brasil, Perú, Ecuador y Panamá es uno de ellos. Mientras tanto, en Venezuela no pasa nada a pesar de las contundentes pruebas contra Maduro presentadas por Luisa Ortega Díaz ante el TSJ en el exilio, que acordó su enjuiciamiento y privativa de libertad. A partir de hoy, el país espera el trámite constitucional que deberá realizar la Asamblea Nacional que seguramente será aprobado por mayoría.