La diáspora venezolana no puede ser convertida en una sospecha colectiva. La existencia del crimen organizado, con evidentes exageraciones por razones políticas, debe ser investigada y enfrentada con todas las herramientas que ofrece la ley. Pero una cosa es perseguir a quienes cometen delitos y otra, radicalmente distinta, convertir la nacionalidad venezolana en motivo de sospecha.
Como venezolano y como ciudadano, me preocupa profundamente que el debate migratorio en Estados Unidos termine asociando, de manera indiscriminada, a los venezolanos con la delincuencia organizada. La inmensa mayoría de nuestros compatriotas que viven en ese país son personas que trabajan, estudian, forman familias, pagan impuestos y procuran cumplir cabalmente las leyes del país que los recibió.
En mis artículos anteriores he llamado la atención sobre el denominado Tren de Aragua y sobre la necesidad de analizarlo con información, evidencias y sin simplificaciones. Una organización criminal debe responder por sus delitos y quienes participen individualmente en actividades delictivas deben responder ante la justicia. Pero la responsabilidad penal es individual: no puede existir una presunción de culpabilidad basada exclusivamente en la nacionalidad, el origen o la condición migratoria de una persona.
La discusión pública necesita separar tres asuntos diferentes: el combate al crimen organizado, la política migratoria y los derechos humanos de las personas sometidas a procedimientos de inmigración. Mezclarlos puede terminar afectando precisamente a personas honestas y trabajadoras que no tienen relación alguna con actividades delictivas.
También es indispensable reconocer que la situación migratoria de los venezolanos en Estados Unidos no es uniforme. Hay personas con solicitudes de asilo pendientes, permisos de trabajo, distintos tipos de protección migratoria, procesos ante las autoridades y otras situaciones jurídicas. Por eso, una detención o una deportación no debería presentarse como si todas las personas afectadas fueran delincuentes. Cada caso requiere determinar cuál es su situación legal y cuáles son las garantías que le corresponden.
Quiero expresar con claridad mi preocupación y mi indignación ante cualquier política que trate a los venezolanos como un bloque sospechoso por el simple hecho de ser venezolanos.
Reclamo al Gobierno de Estados Unidos que distinga entre quienes cometen delitos y quienes no. Una persona que ha trabajado honestamente, ha pagado sus impuestos, ha respetado las leyes y se encuentra sometida a un procedimiento migratorio debe ser tratada de acuerdo con su situación individual y con las garantías que establece el Estado de derecho.
No estoy pidiendo impunidad para nadie. Todo lo contrario: quien cometa un delito debe responder por él. Lo que rechazo es la idea de que la nacionalidad pueda sustituir a la prueba o que una etiqueta pueda sustituir a un proceso legal.
La gran mayoría de los venezolanos que viven en Estados Unidos no tiene ninguna relación con el Tren de Aragua, con el denominado Cartel de los Soles ni con ninguna otra organización criminal. Defenderlos frente a una generalización no significa desconocer los problemas de seguridad. Significa defender el Estado de derecho: identificar e investigar al responsable, probar su responsabilidad y respetar los derechos de la mayoría honesta.
Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras y a aplicar sus leyes migratorias. Ese derecho no elimina la obligación de respetar los procedimientos aplicables y la dignidad de cada persona. Cualquier política de deportaciones debe contemplar el debido proceso, la debida notificación, la posibilidad de presentar las defensas disponibles y las decisiones de los tribunales que correspondan, especialmente cuando existen procedimientos migratorios pendientes o alguna forma de protección o autorización reconocida por las autoridades.
El debate sobre los venezolanos en Estados Unidos no debería reducirse a consignas. Necesitamos datos, expedientes, decisiones judiciales y una clara diferenciación entre delincuencia organizada y migración.
Mi reclamo es, en definitiva, un reclamo por la dignidad y por la responsabilidad individual. Si alguien es culpable de un delito, que responda ante la justicia. Si alguien tiene una situación migratoria pendiente, que se resuelva conforme a la ley. Pero que no se criminalice a una comunidad entera. Combatir al crimen organizado no requiere convertir a millones de personas honestas en sospechosos.
Una buena noticia, que conocimos a través de Adelys Ferro, es que más de treinta organizaciones no gubernamentales de la diáspora venezolana en Estados Unidos vienen trabajando desde hace meses con congresistas republicanos y demócratas para crear un nuevo sistema de protección a los venezolanos que sustituya al TPS, vigente hasta octubre de este año.
Como lo he hecho en ocasiones anteriores, recuerdo estas palabras del presidente Ronald Reagan: “Somos una nación joven por siempre, rebosante de energía y de nuevas ideas, siempre a la vanguardia, siempre liderando al mundo hacia la siguiente frontera. Esta cualidad es vital para nuestro futuro. Si alguna vez cerramos la puerta a los nuevos estadounidenses, pronto perderemos nuestro liderazgo en el mundo”.