No sabemos – y no podremos saber hasta que ocurra – cómo ni cuándo saldrá Nicolás Maduro del poder. Pero hay señales que apuntan a un desenlace cercano: el desmoronamiento anímico evidente y la paranoia asfixiante de la cúpula del régimen, la caída en picada de la economía, la indignación ciudadana ante el fraude cometido en las pasadas elecciones presidenciales, y la estrategia de presión sostenida de la comunidad internacional – en especial de Estados Unidos – conforman un cuadro político que se hace cada vez más insostenible.
Maduro, al incumplir de manera descarada los acuerdos suscritos, ha ido cerrando la vía política y diplomática. Hoy, bajo la grave acusación de haber convertido al Estado venezolano en un Estado delincuente, enfrenta procesos penales en distintas jurisdicciones internacionales.
Como ciudadanos, tenemos la obligación – de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela – de “luchar por la restitución de la Constitución cuando fuere derogada por cualquier medio no previsto en ella”. Y eso fue exactamente lo que ocurrió la noche del 28 de julio de 2024, cuando Maduro desconoció la aplastante victoria de Edmundo González Urrutia. Todos sabemos lo que pasó ese día. Con pruebas en la mano, fuimos testigos del delito cometido: el escamoteo de la decisión soberana del pueblo. Y, como secuela de esa pillería, se desató la ola represiva más violenta de la cleptocracia madurista.
Sigo abogando por una salida no violenta. Ese camino pasa por la comprensión que puedan tener los actores internos – particularmente personeros de la estructura del gobierno y oficiales de la Fuerza Armada – de que su deber ciudadano y el futuro de sus familias no tienen porqué estar atados al destino de un autócrata caído y repudiado. No se trata solo de cumplir con el deber: es también un acto de responsabilidad personal y familiar.
Ese paso, sobre todo si se da de manera institucional, adquiere aún más relevancia tras la cancelación oficial de la vía diplomática por parte de la Casa Blanca y el rechazo en el Senado de Estados Unidos de la moción para bloquear la iniciativa militar de Donald Trump en el Mar Caribe contra los cárteles del narcotráfico.
El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, con su impacto y reconocimiento internacional, junto con la tregua en Gaza, representan una ventana de oportunidad para impulsar una salida negociada y comenzar en paz la impostergable reconstrucción de Venezuela.
Quienes se sumen al esfuerzo de restituir la vigencia de la Constitución deben ser acogidos. Las divergencias ideológicas, filosóficas o doctrinarias deben debatirse en un clima de libertad y reglas claras, hoy inexistente. No debemos olvidar que la conquista democrática de 1958 fue posible gracias a la coincidencia entre adversarios históricos y sectores que, aun habiendo sido afectos a la dictadura, se apartaron de ella en su hora final.
Salvo quienes hayan cometido delitos y deban responder ante la justicia en el marco del debido proceso, todos aquellos que contribuyan al restablecimiento de la democracia deben ser recibidos con respeto. Si ese principio vale para los disidentes del régimen, también debe aplicarse a quienes han tenido diferencias dentro del campo democrático.
Para concluir, parafraseo al expresidente chileno Ricardo Lagos, quien habló sobre inclusión social, pero cuya reflexión es perfectamente aplicable a la política: “Para incluir a quienes están excluidos no es necesario excluir a quienes están incluidos.”
Finalmente, con el camino iniciado en 1995 con la beatificación de nuestra Madre María de San José, este domingo 19 de octubre José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles serán elevados a la santidad en un acto de gran repercusión internacional, con epicentro en la Plaza de San Pedro, en Roma. Ese regocijo espiritual alivia el alma de millones de venezolanos de fe. Y será, además, una oportunidad para que la feligresía exprese su deseo de cambio y su exigencia de liberar a los más de 800 presos políticos del régimen, como ya lo ha solicitado el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien ha instado con elocuencia a que el país “redescubra el camino de la democracia”.