Mala señal – una más – la del régimen de Maduro al designar como nuevo ministro de Alimentación a otro militar que, además, forma parte del equipo que llevó al país a una verdadera crisis humanitaria por falta de comida.
El general Luis Alberto Medina Ramírez, nombrado el jueves pasado, ha sido el tercer gran responsable del desastre de incapacidad y corrupción en que se convirtió la importación de alimentos desde Chávez hasta Maduro.
Después del ministro de la Defensa Vladimir Padrino (jefe de la Misión Gran Abastecimiento Seguro) y del dos veces ministro de Alimentación, el saliente Rodolfo Marco Torres, Medina Ramírez es la máxima autoridad de una decena de instituciones encargadas de traer y distribuir los alimentos subsidiados a dólar preferencial a través de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (CUSPALCA), que sustituyó a CASA.
Por si esto fuera poco, el nuevo ministro de Alimentación ha sido señalado de ser a la vez funcionario y contratista del Estado.
De acuerdo a investigaciones periodísticas bien fundamentadas, por lo menos dos empresas privadas en las que Medina Ramírez era/es directivo habrían contratado con Mercal, y sus socios serían los principales proveedores de atún del régimen, cuya importación con divisas preferenciales, han colocado a los productores nacionales al borde de la quiebra, como ellos mismos señalan.
A esto se suma la grave denuncia de Luisa Ortega Diaz señalando al propio Maduro como dueño final de una empresa que vende alimentos para el programa Clap a nombre de Alex Saab, uno de sus proveedores favoritos.
La corrupción en la importación de alimentos tiene entre sus protagonistas a varios militares que desde la era de Chávez controlan el sector. Uno de esos escandalosos casos es el del general Carlos Osorio, quien aún no ha respondido por qué sus cuñados recibieron casi 6 millones de dólares del cuestionado proveedor Naman Wakil cuando Osorio era ministro de Alimentación y responsable de CASA.
La Fiscalía también está en deuda ya que no ha dado respuesta a las denuncias presentadas en contra de Carlos Osorio, a diferencia de la Asamblea Nacional, que, luego de investigar el caso, emitió un voto de censura, al igual que contra Rodolfo Marco Torres y el Ministerio para Transporte Acuático y Aéreo, general Giuseppe Yoffreda Yorio, quien además, como presidente de la todopoderosa Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) monopoliza la importación nacional de bienes al controlar siete empresas públicas claves: Agropatria, Bariven, CASA, CVG, SUVINCA y VENXIMCA. Ésta última, también importa alimentos.
La corrupción es un delito grave contra los derechos humanos y más aún si atenta contra uno fundamental como lo es el derecho a una alimentación digna. Los delitos contra los derechos humanos no prescriben. Se hará justicia.