Ya no son muchachos y nunca fueron “ángeles”, como en algún momento se les calificó en un libro.
Alejandro Andrade, Adrián Velásquez, Carlos Aguilera (caso BPA), Rafael Isea (ex ministro de Finanzas y ex gobernador de Aragua) y Juan Carlos Luján (ex presidente del BIV), entre otros, incluyendo un parlamentario y ex ministro del Interior – también bajo investigación internacional-, cada uno de ellos en algún momento le guardó la espalda a Chávez o a alguno de sus familiares.
Los integrantes del anillo de seguridad del ex presidente, como la mayoría de los militares, tenían orígenes humildes. En el caso de estos ex guardaespaldas, eso es difícil de inferir a partir de la imagen que muestran hoy. Rodeados de lujos, como los más exitosos capitalistas, exhiben de forma grotesca la fortuna malhabida. Mansiones, caballos, aviones privados, yates, joyas y sobre todo, cuentas millonarias en dólares y euros en bancos exclusivos.
Por ahora, el juicio en Florida donde el testigo estrella es el ex tesorero nacional, teniente Alejandro Andrade, se encuentra en fase de secreto sumarial. Sin embargo, ya comienzan a aparecer los nombres de las mas de 20 personas, entre altos funcionarios y empresarios, que formaron parte de una red de corrupción para hacer negocios turbios en base al diferencial cambiario en la negociación de bonos y notas, entre ellos, el capitán Adrián Velásquez y su esposa, la ex tesorera de la nación sargento Claudia Díaz.
Hugo Chávez los puso donde había. En el Ministerio de finanzas, en el Banco Industrial de Venezuela, gobernaciones, en la administración de fondos de trabajadores, pero sobre todo, en la Oficina nacional del tesoro.
El saqueo que ha sufrido Venezuela en los últimos quince años es casi incalculable. La investigación que hicimos para escribir el libro El Gran Saqueo, lo ubica en unos 300.000 millones de dólares. Esa cantidad luego fue corroborada de alguna manera por los ex ministros chavistas Giordani y Navarro.
La mayor parte fue robada a través de Cadivi y en Pdvsa durante la gestión de Rafael Ramírez. Los culpables están empezando a ser enjuiciados en otros países, sobre todo en EEUU, donde se adelanta una importante averiguación en torno a la red de corrupción incrustada en la propia Oficina nacional del tesoro.
Gracias a investigaciones de autoridades extranjeras, la opinión pública ha ido conociendo el nivel de vida que disfrutan, pero sobre todo las inmensas fortunas que acumularon durante su pasantía por el poder, inimaginables para el ciudadano de a pie.
En algún momento Venezuela deberá recuperar el dinero y los bienes robados a la nación. Por el momento, EEUU tomó la delantera y entró a negociar con algunos de ellos como Alejandro Andrade y Adrián Velásquez. No conocemos los detalles del acuerdo por medio del cual los dos ex guardaespaldas están colaborando con la investigación del entramado de lavado de dinero de altos ex funcionarios y empresarios venezolanos en Florida, pero indudablemente implica que parte del dinero que ahora poseen entrará en las arcas públicas de ese país, como es usual en estos casos.
La recuperación de los recursos saqueados a Venezuela será posible sólo cuando se produzca el cambio que la mayoría de los venezolanos esperamos y por el que seguimos luchando. Eso lo sabe la comunidad internacional. Sería una contradicción enviar lo robado de vuelta al país para colocarlo en las manos de quienes precisamente facilitaron el asalto, ya fuera por acción, complicidad u omisión. Mientras persista el Estado delincuente, continuará el saqueo. Por ello es indispensable hacer un seguimiento estrecho a este tipo de casos.
Otra preocupación en torno al futuro del dinero de Venezuela que pudiera ser recuperado en el exterior es el del denominado US Pdvsa Litigation Trust, fideicomiso a través del cual supuestamente Pdvsa demandó por 10.000 millones de dólares a un grupo de personas y empresas por “participar en una millonaria trama de corrupción en dólares”, que involucra a funcionarios de la petrolera.
La situación en torno a la creación del fideicomiso en julio de 2017 es sospechosa. El documento fue firmado a espaldas del parlamento por el procurador general (encargado) Reinaldo Muñoz Pedroza, en plena transición de la presidencia de Pdvsa de Eulogio Del Pino a Nelson Martínez, hoy ambos acusados de corrupción y encarcelados por el propio régimen.
La cesión de derechos de litigio que implica la conformación de dicho trust es ilegal por no contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. Más preocupante aún es el hecho de que el bufete contratado por el régimen de Maduro en este pleito sea el mismo que defendió a sus sobrinos en el juicio por narcotráfico, cuyos honorarios fueron pagados por el contratista de la petrolera, Wilmer Ruperti.
Otra razón para continuar la lucha por un cambio en Venezuela es la recuperación de lo robado al país para re-invertirlo en salud, alimentación, seguridad y educación, como debió ocurrir desde un principio.
Contra la dictadura del hambre y la corrupción, seguimos unidos por el cambio, de frente en todos los frentes.