Inaceptables las amenazas y el acoso represivo de Nicolás Maduro contra Andrés Velásquez, Alfredo Ramos y Américo De Grazia por sus valientes denuncias sobre las masacres de mineros e indígenas, la corrupción y el desastre ecológico del llamado Arco Minero donde se ha evidenciado una pugna por el botín del oro, los diamantes y el coltán en el que intervienen los pranes, desplazados últimamente por el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
Se trata de un cóctel diabólico que mezcla actividades delictivas como el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas, el contrabando y la minería ilegal, en una devastación brutal de las reservas forestales no solo de Venezuela sino del mundo.
Muy graves también las denuncias del diputado De Grazia sobre la empresa explotadora de coltán que sería propiedad del hijo de Maduro, el constituyente Nicolás Maduro Guerra.Esta empresa como otras extranjeras operan el Arco Minero y fueron seleccionadas a dedo, sin concurso público, violando todas las normas.El propio decreto de creación (2016) es ilegal ya que no cuenta con el visto bueno de la Asamblea Nacional que según los artículos 150 y 187 de la Constitución Nacional, debía aprobarla.
La AN no es única que objeta el Arco Minero.Desde ecologistas y agrupaciones indígenas, trabajadores y defensores de derechos humanos hasta ex ministros del propio régimen, sostienen que el proyecto traerá más destrucción ambiental, enfermedades, violencia y delitos.
El diputado De Grazia ha denunciado las matanzas de mineros en Tumeremo y otras localidades a la que califica como de una operación de “limpieza” que estaría ejecutando el régimen en la zona a través del ELN con toda impunidad.
La administración del Arco Minero es responsabilidad de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG).La forma opaca, a espaldas de las instituciones y de la opinión pública en cómo se inició el proyecto, y el dudoso perfil de algunas de las empresas involucradas, confirman las sospechas de corrupción.
Es necesario que la Asamblea Nacional, amplíe las averiguaciones sobre el gran daño que está causando la explotación del llamado Arco Minero que mas bien debería llamarse el Arco de la Muerte, como ha dicho Alexander Luzardo, y que acompañe a los diputados Velásquez y De Grazia en distintas manifestaciones públicas en contra del saqueo minero y en defensa de la vida y del ambiente para rechazar de la manera mas contundente las amenazas del régimen contra quienes se atreven a denunciar la terrible situación que vive la zona minera del país bajo el control de diversas organizaciones criminales encabezadas por el ELN.
Finalmente, nos sumamos a la campaña internacional por la libertad del comisario Iván Simonovis quien debido a la crueldad de sus carceleros estuvo aislado sin luz solar durante catorce años lo cual le generó gravísimos problemas de salud sin la asistencia medica necesaria, incluso hoy que tiene casa por cárcel. Solidarios con él, con su esposa Bony y sus hijos. Todos somos Simonovis. Libertad también para los policías metropolitanos y para todos los presos políticos de Venezuela.