Es evidente que la Asamblea Nacional está asumiendo el restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución de acuerdo al artículo 333 y lo esta haciendo con amplitud, incluyendo a todos los actores sociales sin distingo de ideología o militancia partidista.
Es un llamado, el de la Asamblea, para detener la destrucción de Venezuela, no solo de las instituciones y del Estado de Derecho sino de la cohesión social, de la economía y para evitar que continúe el caos de la hiperinflación, la pérdida del poder adquisitivo y las calamidades que a diario padecemos por la falta de alimentos, medicinas, tratamientos médicos y por la violencia generalizada que, al igual que la corrupción y debido a la impunidad, se han adueñado del país.
El cierre de la vía electoral mediante el fraude sistemático y el intento de imponer una falsa Asamblea Constituyente, así como el boicot del TSJ, no han podido liquidar la auténtica soberanía popular expresada de manera plural por la Asamblea Nacional, que para su elección contó con el respaldo de mas de catorce millones de votos.
Ahora bien, sin entrar en la discusión jurídica sobre los alcances del artículo 233, 333 y 350, el hecho político es que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, está asumiendo con una poderosa fuerza de esperanza, sin desviaciones mesiánicas, el liderazgo de toda la nación para lograr el cambio político urgente que todos reclamamos y la salida de Miraflores del usurpador Maduro de la manera menos traumática para los venezolanos – víctimas de esta verdadera tragedia- convocando para ello a la realización de cabildos abiertos en todos los rincones del país y a la movilización general para el próximo 23 de enero.
Es un mensaje de unidad nacional que nos convoca a todos, incluso a aquellos que forman parte de la estructura institucional del régimen en los distintos poderes públicos. Con esto estaríamos ofreciendo garantías y amnistía para militares, policías, jueces, fiscales e incluso altos funcionarios que estén dispuestos a rectificar y a colaborar en el restablecimiento del orden constitucional cumpliendo con su deber de acuerdo al artículo 333.
Todo esto, por supuesto, sin impunidad para los responsables de graves violaciones de derechos humanos y de los profundos daños al patrimonio público ocasionados por la corrupción, delitos que no prescriben, de acuerdo a nuestra Constitución.
Con relación a estos últimos, la recién aprobada Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción establece mecanismos de cooperación y acuerdo para reparar el daño causado a los intereses de la nación.
Un Decreto de Amnistía y Reconciliación, aprobado por la Asamblea Nacional abarcaría también, sin duda, de manera amplia y plena, la totalidad de sanciones o acciones penales y disciplinarias relacionadas con la persecución por motivos políticos de la que han sido víctimas miles de venezolanos que, por pensar distinto, están en las cárceles o en el exilio.
Al redactar un decreto el Parlamento estaría escogiendo la vía más rápida y directa de acuerdo al artículo 187, numeral 5, que en los dramáticos momentos que estamos viviendo cobra mayor fuerza desde el punto de vista de los procedimientos legislativos y podría aprobarse en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional que debe ser publicado luego como Acuerdo en la portal oficial del Poder Legislativo.
Estas acciones forman parte de la agenda de transición que, frente a la usurpación del Poder Ejecutivo, asume Juan Guaidó no solo como presidente de la Asamblea Nacional, sino también como Presidente encargado de la República, al ser reconocida la AN por la comunidad internacional como la institución legítima para abrir el cauce al cambio político por la vía de unas elecciones con verdaderas garantías democráticas, es decir, con un nuevo CNE, con un registro electoral auditado y depurado con la participación de todos los actores políticos, con todos los partidos políticos legalizados, sin presos políticos ni exiliados ni inhabilitados y con observadores internacionales independientes.
Para ello es indispensable mantener el esfuerzo unitario, la movilización popular y el apoyo internacional, a fin de alcanzar un gobierno de unidad nacional que pueda construir las alianzas necesarias en lo interno y externo, sacando así a Venezuela del abismo en el que se encuentra.