El día de su renuncia a la vicepresidencia del CNE írrito, cargo en el que permaneció apenas dos meses, Rafael Simón Jiménez invitó a los periodistas a investigar el contrato otorgado por el CNE a la empresa EXCLÉ Soluciones Biométricas CA para la adquisición de las máquinas y del software que se pretende usar en la farsa electoral del 6 de diciembre.
Han pasado dos semanas y poco se sabe del contrato en cuestión, aprobado por el directorio anterior presidido por Tibisay Lucena. Curiosamente, Jiménez también pidió que la prensa entrevistara sobre el tema al ex rector Luis Emilio Rondón González. La información confirmada hasta ahora, aportada por el propio Jiménez, es que las máquinas se comprarían en China a través de EXCLÉ C.A., conocida contratista del régimen desde 2004. Se trata de una compañía argentina sin experiencia importante en el manejo de procesos electorales, que solo se ha limitado a trabajos secundarios en su país de origen.
Su trayectoria como proveedora del régimen chavista incluye al CNE en el que controla el sistema de identificación biométrica utilizado en pasadas elecciones, y se extiende al Banco del Tesoro, Banco Bicentenario y Banco de Venezuela. Cuando la Alcaldía del Municipio Libertador estaba en manos de Jorge Rodríguez (2009), EXCLÉ obtuvo el contrato del sistema de recaudación de impuestos. Desde esa época data la estrecha relación de los supuestos dueños de EXCLÉ, los hermanos Guillermo y Eduardo San Agustín, con el actual Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo.
En un grotesco conflicto de intereses, por decir lo menos, EXCLÉ obtiene así el control absoluto del sistema electoral a través de las máquinas y el software de votación sustituyendo a Smartmatic luego que esta denunciara el fraude de las últimas elecciones.
El contrato debe cubrir la necesidad total de máquinas ya que las anteriores “se quemaron” en un incendio que aún no ha sido investigado. Es decir, hablamos de por lo menos 40,000 máquinas para cubrir los 14,500 centros del país. Expertos estiman el valor de cada unidad en 500 dólares. A ello hay que sumar el costo del software, cuyo monto se ignora. Como ya es costumbre en la críptica “administración” del régimen, se desconoce el proceso mediante el cual se seleccionó a EXCLÉ C.A. como proveedora y – como ya es normal en esta cleptocracia- tampoco se ha hecho público el contenido del contrato, cuestiones de transparencia básica en cualquier gobierno democrático que por supuesto, no es el caso.
Mientras se agrava la crisis humanitaria de un país donde el personal sanitario y los enfermos por la COVID-19 están indefensos, no hay medicinas, ni agua, ni luz, ni gasolina y los alimentos están fuera del alcance de las mayorías… de nuevo preguntamos: ¿Cuál es el monto del contrato con EXCLÉ? ¿Quién lo aprobó y cómo? Se habla de 100 millones de dólares…¿Hubo licitación?; ¿Cuál es el precio verdadero por máquina y cuántas se comprarán?; ¿Cuánto cuesta el software?; ¿Cómo se realizan las operaciones financieras de la compra a pesar de las sanciones?; ¿En qué moneda y con cuáles bancos?; ¿Con qué empresas se está triangulando la negociación?
Es evidente que se trata de una nueva trama de corrupción y fraude de la caja negra en la que se convirtió el CNE hace tiempo. Con el sistema electoral hecho a la medida del cliente, es decir, del autócrata Maduro, ahora los rectores suplentes, teniente coronel Carlos Enrique Quintero Cuevas y Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez, verdaderos jefes del organismo, tienen el control total del CNE y por lo tanto la vía libre para la trampa.
Resulta insólito que un militar activo – ex jefe de Informática de la Dirección de Inteligencia Militar – como el teniente coronel Quintero, sea un súper-rector con más de 14 años en la institución, además de una pieza clave del engranaje de Jorge Rodríguez, y tenga el control de los sistemas de auditoría e informática, gestionando directamente el contrato con la empresa EXCLÉ.
El diputado Guillermo Palacios nos ha confirmado que solicitará una investigación en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en los próximos días.
Frente a quienes pretenden cerrar la vía electoral, el deber de los demócratas es abrirla y garantizar que sea transparente, auditable y verificable, como siempre hemos exigido. Para esto es indispensable denunciar y aclarar cualquier irregularidad ya que, por supuesto, la principal intención del autócrata Maduro es aplastar y liquidar la Constitución, en un continuismo que confirma su ilimitada ambición de poder, principal causa de la tragedia que padece Venezuela.
Debemos resistir y luchar con la fuerza de la unidad hasta lograr una rebelión cívica y democrática a través del voto.