na de las principales características del autoritarismo militarista que nos han tratado de imponer, antes con Hugo Chávez y ahora con Maduro, es la utilización de la chequera petrolera, o lo que queda de ella, de manera abusiva e ilegal para un ejercicio del poder absolutamente irresponsable: promesas incumplidas, la imposición de la política “a los realazos”, la compra de conciencias y apoyos políticos. Han convertido las finanzas públicas en su hacienda particular, disponiendo de la riqueza de todos los venezolanos a su antojo.
Los responsables de la logística y el financiamiento de las ocurrencias y abusos de poder de Maduro y su clan, tienen licencia para cometer cualquier tipo de irregularidad administrativa con tal de cumplir las órdenes. No hay fronteras que separen el patrimonio público de los intereses del partido. Antes con Chávez y ahora con Maduro, se han creado monstruos incontrolables como los tenientes Alejandro Andrade, Rafael Isea y también Rafael Ramírez, quienes al frente de sus responsabilidades de gobierno, en nombre de la revolución y con la excusa de financiar al Psuv, se convirtieron en super millonarios.
En Venezuela, a pesar de estar expresamente establecida en la Constitución (artículo 67) la prohibición del financiamiento político público, es innegable que esta norma constitucional solo se aplica a las organizaciones de la oposición. Todas las actividades del Partido Socialista Unido de Venezuela son realizadas con recursos del Estado, incluyendo medios públicos de comunicación social, alocuciones presidenciales, los sitios web de los ministerios e instituciones públicas, y hasta con las sedes gubernamentales donde realizan reuniones de campaña y empapelan fachadas y paredes con propaganda oficialista.
Los dirigentes del PSUV han afirmado que sus finanzas provienen de las contribuciones de sus militantes y seguidores. Aunque con prohibida divulgación pública, obreros y empleados públicos se han quejado por lo que han descrito como “el descuento voluntario de un día de sus sueldos y salarios”, que en realidad es un débito forzoso impuesto por los gobernantes y dirigentes chavistas.
Existen decenas de denuncias sobre el ventajismo y el uso irregular de recursos públicos en las campañas de los candidatos del oficialismo, como las consignadas por los diputados Andrés Velásquez, Luis Edgardo Mata y Américo De Grazzia ante el MP sobre la campaña para la elección de gobernadores del año 2012. Según los parlamentarios, el gobernador y candidato a la reelección en el estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, “comenzó una colosal y multimillonaria campaña, haciendo uso de recursos del Estado para favorecer su propia candidatura, abusando impunemente del poder. Utilizó unidades de transporte de la Gobernación y sus instalaciones; además obligó al personal adscrito a la Gobernación a asistir a los eventos políticos electorales y pagó propaganda electoral con recursos del Estado, no solo para favorecerse sino también para perjudicar y desacreditar al candidato de la Unidad”. El caso de Rangel Gómez, que ha ocupado la gobernación de Bolívar durante trece años, es solo uno de los múltiples ejemplos de abuso de poder y malversación ejecutados por el régimen, especialmente en época electoral.
Ahora, a pocos días de unas nuevas elecciones regionales, continúan apareciendo las denuncias sobre irregularidades en torno a la financiación de la campaña de los candidatos del oficialismo.
Sin pudor ninguno, Maduro usa las instituciones y los recursos públicos y hasta privados para financiar las millonarias campañas de sus candidatos, mientras los venezolanos mueren de hambre y enfermedades para las que no hay medicinas ni tratamientos.Su movimiento mas reciente es la colocación de una de sus fichas más cercanas, el general Carlos Osorio Zambrano (vetado por la AN por su responsabilidad en la crisis alimentaria que sufre el país), al frente de la Misión Transporte que, entre otras funciones, administra el financiamiento a través de la banca pública para la renovación de los vehículos, asigna taxis y maneja el pasaje estudiantil. También es la encargada del censo de los transportistas. Hasta diciembre de 2016 estaban inscritos 468 mil conductores. Pero no solo se presiona a transportistas sino también a otro tipo de empresarios del ramo.
Dirigentes sindicales denuncian la presión que las empresas fabricantes de neumáticos estarían recibiendo en los últimos días por parte de autoridades del sector quienes han ordenado retirar de las fábricas grandes cantidades de cauchos sin órdenes de compra ni ningún tipo de soporte. Los trabajadores temen por su estabilidad laboral ante el impacto que estos despachos irregulares tienen en las finanzas de las pocas compañías del ramo que aún quedan en Venezuela y se preguntan por el destino de la mercancía, sobre todo teniendo en cuenta que el país se encuentra en la recta final de la campaña de las elecciones regionales.
Es solo un ejemplo del abuso de poder que el Psuv ha ejercido desde sus inicios y que se refuerza en cada proceso electoral sin que ninguna institución le haga frente.
Sin embargo, a pesar del ventajismo y los abusos, los venezolanos están dispuestos a derrotar a los candidatos del hambre, los candidatos de Maduro, el domingo 15 de octubre votando por los candidatos de la Unidad, unidos y con la voluntad inquebrantable de lograr el cambio urgente que todos reclamamos para construir la Venezuela que soñamos y que nos merecemos.