Han pasado más de tres años desde que comenzó la investigación de las autoridades judiciales de varios países por el caso de corrupción calificado como el mayor de la historia: Odebrecht. Se han abierto decenas de expedientes judiciales en varios países, en especial en Latinoamérica. Hay ex presidentes encarcelados y perseguidos. El nombre de Venezuela ha sido mencionado en varias oportunidades desde el inicio. Sin embargo, recién ahora comienza a conocerse la trama millonaria de sobornos a cambio de contratos en el país.
El domingo pasado, el portal de noticias CuentasClarasDigital.org especializado en información sobre delincuencia organizada, develó que Odebrecht habría pagado más de 350 millones de dólares en coimas a altos funcionarios del régimen de Venezuela, y no 98 como inicialmente señaló el Departamento de Justicia de EEUU.
Era de esperar que la cifra fuera mayor, dado que desde el inicio las investigaciones señalaban a Venezuela como el segundo país con más número de coimas después de Brasil.
Las autoridades financieras y judiciales internacionales encontraron dinero en cuentas asociadas a ministros y directivos de varios despachos y empresas estatales como Pdvsa, el ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, de Agricultura y Tierras, Corpoelec, y en especial, el Metro, entre otras.
Los bancos receptores de los sobornos pertenecen a las jurisdicciones de Antigua donde habría 60 millones de dólares, Curacao con 10, EEUU 15, Luxemburgo 25, Panamá 24, Portugal 8, Suiza 150, Hong Kong y otros países, 61 millones de dólares.
El 14 de julio, CuentasClarasDigital.org develó que la fiscalía suiza había congelado varias cuentas bancarias de Elita Del Valle Zacarías Díaz, suegra del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas y ex presidente del Metro de Caracas, Haiman El Troudi. La medida recayó sobre cuentas a su nombre en el banco Credit Suisse por 28 millones, habiéndose detectado otras más en Banque Heritage por 4 millones y BNP Paribas por 10 millones de dólares.
Odebrecht utilizaba testaferros y presta nombres para canalizar los sobornos a los ministros y otros altos funcionarios. Estos abrían inicialmente las cuentas bancarias y luego las transferían a los sobornados o las personas de confianza de los mismos.
Los nombres de algunos de estos intermediarios se repiten en cuentas de varios bancos en distintos países, asociadas a altos funcionarios venezolanos.
El Estado venezolano habría pagado más de 30.000 millones de dólares a Odebrecht por once obras aun inconclusas, según el Ministerio Público. Al no haber terminado la investigación, todos los responsables de los proyectos están bajo sospecha.
Como ha quedado demostrado, Odebrecht se convirtió en una maquinaria de corrupción política que está siendo objeto de severas investigaciones en varios países, menos en Venezuela. Se abren expedientes que no concluyen en acusaciones directas. Hay un ambiente enrarecido por la sospecha generalizada de que no solo funcionarios del régimen recibieron sobornos de Odebrecht.
Nosotros decimos: Caiga quien caiga, hay que castigar de manera ejemplar a los responsables y sus cómplices necesarios por el gran daño que ha sufrido el patrimonio público. El saqueo de Venezuela constituye una violación sistemática de los derechos humanos, principal causa de los males que padecemos. Por supuesto, como parte importante del proceso de hacer justicia, hay que recuperar el dinero robado por la cleptocracia del régimen a nuestro pueblo. Para ello, la cooperación internacional es fundamental, una vez que se produzca el cambio político por el que estamos luchando.
Este gigantesco entramado de corrupción confirma la necesidad de aprobar un sistema de normas legales que garantice la transparencia en el financiamiento de la actividad política. Es necesario aprobar una ley de financiamiento de partidos y campañas electorales que asegure que los recursos utilizados para financiar la democracia, no estén contaminados por la corrupción política.