Lo propuesto por Maduro no es una constituyente porque no promueve el debate y la búsqueda de consenso ni respeta la libertad de pensamiento basado en el principio del pluralismo político que consagra la Constitución en el artículo 2. Una constituyente no puede ser para que una parte del país aplaste a la otra. Sobre todo en el presente caso cuando un presidente deslegitimado y en minoría se aferra al poder violando sistemáticamente los derechos humanos,
Maduro busca apropiarse del poder originario constituyente cuyo único depositario, como dice el artículo 347 de la Constitución, es el pueblo. Es precisamente ese pueblo el que está en las calles de Venezuela exigiendo ayuda humanitaria para enfrentar el hambre y las enfermedades, la liberación de todos los presos políticos y el cese a la persecución e inhabilitación de sus legítimos representantes, la disolución de los grupos paramilitares del régimen, el cese de la represión y la violencia contra los que piensan distinto y, sobre todo, la realización de elecciones generales para lograr, entre todos y para todos, un cambio de rumbo que saque al país del terrible atolladero en el que se encuentra.
El pueblo es el garante de la soberanía popular, por lo que, tanto la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como sus bases comiciales, deben ser sometidas a la consulta y aprobación de todos los venezolanos a través del respectivo referendo. La convocatoria a una constituyente pasa obligatoriamente por la aprobación de la mayoría de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral a través del ejercicio libre del voto universal y secreto pero, como se sabe, Maduro y sus gobernadores y alcaldes no quieren elecciones libres y, por el contrario, lo que aspiran es a imponer una asamblea constituyente roja- rojita para satisfacer sus ambiciones ilimitadas de poder sin darle respuestas concretas y efectivas a los gravísimos problemas que sufren los venezolanos.
Una nueva Constitución no es la prioridad. Por el contrario: se trata de dar plena vigencia a la actual. Sin embargo, como ya lo dijimos en el 2014, una verdadera Constituyente integrada por representantes electos en cada uno de los estados, podría ser el espacio para el auténtico diálogo por el acuerdo nacional que reclama el país con urgencia y para superar la emergencia institucional por la crisis de gobernabilidad y gobernanza debido a la implantación de un régimen cleptocrático y kakistocrático, que como ya lo hemos dicho, sustituyó el Estado de Derecho por un estado delincuente.
Quienes le temen tanto al voto popular que se expresó mayoritariamente en las ultimas elecciones de la Asamblea Nacional con un respaldo de mas de 14 millones de votos a la nueva mayoría de la AN – desconocida por el régimen – y que ademas sabotearon con trampas anti jurídicas la realización del Referendo Revocatorio y trataron de darle un golpe judicial a través de una sentencia del TSJ al parlamento – denunciado como la ruptura del hilo constitucional por la Fiscal General -, ahora vienen con el cuento de hacer una constituyente sectorial y corporativa, lo cual coincide con una visión fascista del Estado para consolidar la dictadura a través de lo que el autócrata Maduro y sus cómplices llaman el “Estado Comunal”. Es anticonstitucional y por lo tanto inaceptable y debemos rechazarlo.
Un grupo de constituyentes fijamos posición frente a este grave intento de fraude contra la Constitución y la voluntad popular de los venezolanos. El llamado es a perseverar en la lucha pacífica y cívica contra la dictadura de la corrupción y el hambre.