Arrancó en Netflix la serie El túnel de la corrupción, basada en el escándalo que sacude a Brasil denominado Lava jato. El caso refiere la red de corrupción que organizaron las principales empresas de construcción cariocas, entre las que destaca Odebrecht, para lograr por medio de sobornos a altos funcionarios el control de las principales obras públicas. La parte positiva es que en el vecino país, como en Perú y otros, las instituciones han cumplido hasta ahora con su papel de administrar justicia.
Odebrecht, calificado como el mayor caso de corrupción en la historia de Latinoamérica, ha destituido y llevado a juicio y a prisión a varios ex presidentes y ministros de la región. Resulta insólito que siendo Venezuela el segundo país con mayor cantidad de sobornos después de Brasil, el caso no tenga aún ni un solo detenido.
Por el contrario, Maduro dispuso recientemente que se culminen las obras inconclusas de Odebrecht, sin ordenar ninguna investigación. Anunció que los proyectos, algunos de los cuales tienen una parte ejecutada, serían desarrollados por las gobernaciones y alcaldías con empresas venezolanas, para lo cual el nivel central dispondría de apenas 472.000 millones de bolívares devaluados. Nada dijo Maduro sobre la hiperinflación ni las deudas pendientes, ni mucho menos de las denuncias de sobornos que lo involucran directamente.
La propia contratista brasileña ha reconocido los pagos hechos a altos funcionarios empezando por el propio Nicolás Maduro, a quien dio 35 millones de dólares para la campaña presidencial de 2013 a través de Américo Mata, como reconoció el propio director de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres Azevedo, actualmente enjuiciado en Brasil. El objetivo del soborno era asegurar que las obras de la constructora continuaran siendo una prioridad para el gobierno. Un diario brasileño develó recientemente que Maduro ordenó pagos extraordinarios de hasta 4.000 millones de dólares en 2013 para obras de Odebrecht.
Odebrecht tiene más de 30 contratos en Venezuela, entre ellos, la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), el Puente Cacique Nigale, la Empresa Integral de Producción Agraria Socialista José de Abreu y el Metro Caracas-Guarenas-Guatire, obras inconclusas por las que recibió pagos adelantados del régimen de Maduro por más de 30 mil millones de dólares.
La trama de sobornos de Odebrecht a altos funcionarios responsables de las obras involucra a 28 personas, según una investigación de Transparencia Venezuela. Uno de los señalados es Herman El Troudi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, a quien se relaciona, entre otros, al caso de los sobreprecios del Metro de Los Teques, obra que asignó a dedo a Odebrecht y que habría ocasionado un daño patrimonial mil millonario al país. La Fiscalía imputó a dos familiares de El Troudi por el caso Odebrecht. El Ministerio Público citó a María Eugenia Baptista Zacarías, esposa de El Troudi y a su madre, Elita Del Valle Zacarías Díaz. Ambas indiciadas optaron por no presentarse. Dos días después, la Fiscalía suiza congeló 42 millones de dólares en cuentas pertenecientes a la suegra de El Troudi en varios bancos suizos.
Desde que Ortega Díaz fue expulsada ilegalmente de la Fiscalía, el expediente ha estado dormido. El Troudi afirmó en su momento que enfrentaría las acusaciones pero nunca lo hizo. Se desconoce el paradero de Haiman El Troudi, quien estaría asesorando al gobernador de Miranda.
El ministerio de Transporte a cargo del general Carlos Osorio, será el responsable de coordinar con los gobiernos regionales y locales la nueva contratación de la mayoría de las obras inconclusas de Odebrecht. Se trata del mismo militar denunciado por corrupción en la importación de alimentos, sancionado por la Asamblea Nacional y el Departamento del Tesoro de EEUU.
Con la opacidad que caracteriza al régimen, tampoco habrá licitaciones para seleccionar a las nuevas contratistas. Todo apunta a que Odebrecht 2 será la secuela de incapacidad, guisos, corrupción e impunidad de Odebrecht 1.