Maduro usurpador y dictador, por Carlos Tablante

On enero 28, 2019 by carlostablante

El 20 de mayo de 2018 en Venezuela no hubo elección presidencial, por lo tanto, la auto-proclamación de Maduro el 10 de Enero fue ilegal y lo ratificó como usurpador del Poder Ejecutivo.

El objetivo claro de los usurpadores era legitimar la dictadura, pero no lo lograron.

Al no haberse producido elecciones legales, no hubo presidente electo, por lo que Maduro carecía de legitimidad para proclamarse presidente, consumando así el golpe de Estado continuado que ha venido dando a la democracia con el apoyo de un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, nombrado por el oficialismo de la antigua Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello, horas antes de entregar a la mayoría opositora que ganó las elecciones de diciembre de 2015 de manera contundente.

La auto-proclamación de Maduro ante ese TSJ “express”, fue rechazada por mas del 80% de los venezolanos, la Asamblea Nacional y la comunidad internacional.

Una Asamblea Nacional Constituyente ilegal convocada por Maduro violando los artículos 347 y 348 de la CN, que obligaban a realizar un referendo popular para su elección, fue la que convocó a unas elecciones presidenciales también ilegales donde no participaron los principales partidos de la oposición porque, entre otras cosas, están ilegalizados y sus líderes inhabilitados, encarcelados o en el exilio, además de no contar con las mínimas garantías democráticas como lo son un árbitro confiable y reconocido por las partes, un Registro Electoral depurado y observadores internacionales independientes.

El pueblo también expresó su rechazo a la nueva trampa con una de las mayores cifras de abstención de nuestra historia.

Por todo ello, la Asamblea Nacional – única institución legal, legítimamente electa por mas de 14 millones de venezolanos – en base al artículo 233 del texto constitucional, que establece la falta absoluta del Presidente, decretó el vacío de poder: No hay Presidente electo porque no hubo elecciones presidenciales, por lo tanto, es deber del Presidente de la Asamblea Nacional encargarse de la Presidencia de la República.

Los venezolanos se han convertido en defensores legales y legítimos de la Constitución, en base a los artículos 333 – que señala la obligación de todo ciudadano, revestido o no de autoridad, de restablecer la vigencia de la Constitución-, al artículo 70 – que reconoce el poder originario del pueblo reunido en cabildos abiertos y asambleas de ciudadanos para tomar decisiones vinculantes – y al artículo 350 – que obliga a los venezolanos a desconocer un gobierno que viole los derechos humanos-. Así lo juraron millones de ciudadanos ante el Presidente de la República Encargado Juan Guaidó y la directiva de la AN, en la masiva demostración de fuerza y convicción democrática que tuvo lugar el 23 de Enero.

El parlamento venezolano, con esfuerzo y valentía, producto de una renovada y fortalecida alternativa opositora, está cumpliendo con dignidad el rol que le toca para recuperar la vigencia de la Constitución y la democracia, a pesar de los ataques del régimen de Maduro, que ha obstaculizado sus funciones y desconocido sus competencias, violando la inmunidad parlamentaria (Art.200), llegando incluso a promover actos de violencia física contra parlamentarios y parlamentarias, contando con la complicidad de algunos miembros de la GNB, responsable de la seguridad del Palacio Federal.

La meta es llegar a elecciones verdaderamente democráticas y libres, respetuosas de las leyes y normas, alejadas de los abusos de poder y presiones indebidas sobre funcionarios, militares y ciudadanos en general, sin presos políticos, ni exiliados, perseguidos o inhabilitados, con un nuevo CNE verdaderamente independiente, con un registro electoral depurado que incluya también a todos los venezolanos que están en el exterior, con la presencia de la comunidad internacional a través de observadores calificados e imparciales.

Para alcanzar el objetivo es indispensable conservar y reforzar aun mas la Unidad nacional y el apoyo internacional que permitan una transición en base a la reconciliación de todos los venezolanos. Urgente es la ejecución del plan de emergencia y ayuda humanitaria que ya ha sido formalmente solicitada por el Presidente Guaidó a la comunidad internacional.

Igualmente relevante es la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, que no significa impunidad, acompañada de la ley que crea el Fondo para la protección y recuperación de los recursos y bienes relacionados con la corrupción, producto del gran saqueo del que ha sido víctima el pueblo, como lo hemos venido denunciando.

Son muy importantes las resoluciones de la ONU y la OEA, así como las medidas cautelares que debe emitir la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para proteger a las víctimas de la represión y crímenes cometidos por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que actúan como escuadrones de la muerte ejecutando asesinatos selectivos en las comunidades más pobres que se atreven a protestar. Al momento de escribir esta nota ya son 27 las muertes y más de 800 los detenidos desde el 21 de enero a la fecha, algunos de ellos torturados.

Las masivas protestas en todo el país, en especial en los sectores mas populares que anteriormente fueron la base social del chavismo, son una demostración del contundente rechazo a la nefasta dictadura del hambre y la corrupción de Maduro.

La mayor responsabilidad la estamos asumiendo los venezolanos que, tanto en el país como en el exterior, tenemos el propósito de lograr una salida pacífica y lo menos traumática posible a la tragedia que estamos padeciendo.

Nuestra agenda tiene tres objetivos prioritarios, marcados por el Presidente Encargado Juan Guaidó: Lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres, todo ello en el marco de la Constitución que juramos defender.

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