Ya basta de torturas y asesinatos

On julio 2, 2019 by carlostablante

La desaparición forzosa, tortura y asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo no es solo responsabilidad de los actores materiales que ahora Maduro señala a través de sus subalternos en los poderes públicos. Es por todos sabido que en la DGCIM y en el Sebin no se hace nada sin órdenes superiores.

Pisoteando la Constitución, el Estado de Derecho y de Justicia, como es su característica, la dictadura de Maduro persigue, tortura y asesina a los disidentes. Además, viola de nuevo los artículos 45 y 46 de la Constitución Nacional que establecen que “se prohibe a la autoridad pública sea civil o militar, aún en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”. Más adelante del mismo artículo 45, la CN subraya que el “funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla (la desaparición forzosa) tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla ante las autoridades competentes” o en su defecto “acudir a instancias internacionales”.

Por su parte, el artículo 46 señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” por lo que “ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Además, la responsabilidad de los que ordenan o permiten esta conducta está claramente señalada cuando se dice que “todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.

Por el contrario, actualmente los responsables de la mayoría de estos hechos gozan de impunidad. La misma impunidad que protege a los corruptos que desde los cargos mas altos hasta los mas insignificantes de la estructura gubernamental, han saqueado y saquean los recursos de todos los venezolanos.

Resulta inaceptable que mientras la dictadura asesina a oficiales venezolanos que decidieron cumplir con su rol en defensa de la Constitución, premia a otros que han sido sancionados nacional e internacionalmente por corrupción. Esta semana Maduro designó al general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación y ex presidente de CASA, en la presidencia de la Corporación Venezolana de Minería, colocando en sus manos el control total del oro y todos los minerales del país. Seguramente también tendrá a su cargo la relación con las redes criminales que operan impunemente en el arco minero.

Sin duda, el asesinato del Capitán Acosta Arévalo, perpetrado casi al mismo tiempo que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos finalizaba su visita al país, impide continuar con las reuniones entre la oposición democrática y la dictadura hasta que no se inicie una investigación internacional, independiente e imparcial y se castigue ejemplarmente a los responsables.

Otras importantes exigencias que debemos hacer es insistir en la liberación de los más de 630 presos políticos y en el cese de la persecución de quienes piensan distinto al régimen.Todo ello dando prioridad a la emergencia humanitaria que sufre la mayoría del pueblo venezolano.

Siempre hemos dicho que la salida deseable a la pesadilla que vivimos debe ser la negociación que permita realizar elecciones generales con un nuevo CNE, con todas las garantías democráticas que estamos exigiendo, es decir, sin presos políticos, sin inhabilitados, sin exiliados y con la presencia de observadores internacionales independientes que sean garantes de la mas absoluta transparencia en el respeto al derecho al voto que ha estado asediado por el ventajismo y el fraude.

Finalmente, lo mas importante es el derecho a la vida. El artículo 19, por su parte, establece que “El Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependientes de los derechos humanos. Su respeto y garantías son obligatorios para los órgano del poder público, de conformidad con esta Constitución y con los tratados sobre derechos humanos suscritos por la República”, como queda ampliado en el articulo 31. Igualmente, los delitos contra los derechos humanos no prescriben (art. 29).

Ha quedado al descubierto la falsedad y perversión de la autocracia que en nombre de los pobres no solo ha destruido a Venezuela, arruinando la vida de millones de personas, sino que también ha eliminando fisicamente a decenas de venezolanos, ya sea en el contexto de manifestaciones públicas, de operativos policiales (FAES), militares y de los servicios secretos, o de la tortura en instalaciones de la FAN.

Ya basta de impunidad! Exigimos justicia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *