El poder en Tocorón

On julio 16, 2019 by carlostablante

El incendio que arrasó con la empresa Galletas Puig en Las Tejerías ha causado un gran impacto. Es un suceso lamentable, más aún por haber sido provocado por manos criminales. Según informaciones de prensa, la compañía fue víctima de la venganza de una banda de delincuencia organizada al negarse a pagar “vacunas”.

Todo comenzó con un ataque con armas largas y granadas contra las instalaciones. Luego del suceso, la total inacción de las autoridades ha convertido a Las Tejerías en una ciudad desolada por la que circulan vehículos con delincuentes con armas largas que mantienen aterrorizada a la población.

La extorsión y el secuestro, junto a las invasiones, expropiaciones, confiscaciones y ataques violentos, sumado a la crisis económica mas profunda que se recuerde, es parte de la durísima realidad que sufren los empresarios honestos que aún mantienen lo que queda de la producción agrícola, pecuaria e industrial.

Resulta evidente que existen varias zonas del país convertidas en territorios donde el control lo tienen bandas, muchas veces dirigidas desde las cárceles por los pranes.

En nuestro libro Estado Delincuente (2013) ya definíamos en lo que se ha convertido Venezuela por la destrucción de las instituciones, en especial del Poder Judicial.

La impunidad es la causa principal de que los delitos se hayan propagado dejando a los ciudadanos a merced de los delincuentes. Éstos se han ido fortaleciendo, convirtiéndose en un poder paralelo que, protegido desde las mas altas esferas del poder, controla a funcionarios y jueces a través de la corrupción y/o de la intimidación.

Como hemos dicho, la corrupción es la llave que abre la puerta a todos los demás delitos.

El Estado delincuente que desgobierna a Venezuela ha llegado a un punto de perversión que ya no intenta siquiera restablecer, aunque sea en parte, el imperio de la Ley, sino que forma alianzas con fuerzas irregulares y antisociales con el objetivo de mantenerse en el poder. Ello quedó corroborado con las declaraciones de la propia ministra para el Servicio penitenciario al señalar, de manera falsa e irresponsable, que disponía de 45.000 presos armados para defender a Maduro y su grupo.

Nos solidarizamos con la familia Puig, sus trabajadores y con todos aquellos que con honestidad siguen luchando para sacar al país del abismo.

Ahora más que nunca es urgente el cambio. Debemos seguir unidos para rescatar los valores de los venezolanos, para rescatar a Venezuela.

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