Carlos Tablante: La casta militar tiene el control total de Venezuela

On noviembre 28, 2017 by carlostablante

En diciembre de 2015, Nicolás Maduro ordenó a los militares que regresaran a sus cuarteles. No solo no pudo concretar esa orden sino que dos años después termina por entregar a esos mismos militares el control de lo que faltaba: Pdvsa.

Los militares, o más bien la cúpula militar que sostiene a Maduro en el poder, ya controlaba las áreas más sensibles de la economía: Las finanzas públicas, la importación de alimentos y la administración de las empresas expropiadas, entre otras.

La incorporación de miembros de la FAN a la gestión de gobierno fue una política iniciada por Chávez  hace 17 años y continuada por Maduro – con mayor ímpetu aún debido a la debilidad de su liderazgo –  a pesar del rotundo fracaso de los militares en lo económico, en lo social, en materia de seguridad y en otros sectores fundamentales.

A toda esta situación se unen hechos ilícitos cometidos por efectivos militares en materia de corrupción (sobornos), fundamentalmente en las aduanas, en el contrabando de gasolina, cabillas, medicinas, alimentos y el tráfico de drogas, así como en el cobro de “vacunas” a personas necesitadas de cruzar las fronteras.

Es la élite de la FAN – conductora del partido militar – quien controla la administración pública, ejerce dominio total del país, con resultados absolutamente deprimentes, como lo evidencia la grave crisis económica y social que actualmente padecemos. Es el actor político con la mayor suma de poderes, lo que le ha servido a sus miembros para aprovecharse de los recursos públicos y acumular grandes fortunas.

Cerca de dos mil militares entre activos y retirados, han sido ministros, vice ministros, directores generales, superintendentes, presidentes de instituciones públicas, gobernadores y alcaldes, entre otros cargos.

Los resultados están a la vista y se evidencian en la desesperación de los venezolanos: En el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la mayoría de sus titulares han sido militares. Ninguno ha logrado ejecutar un plan de seguridad que disminuya los altos índices delictivos, que han colocado a Venezuela en primer lugar en América Latina en número de homicidios.

El Ministerio de Finanzas ha tenido tres ministros miembros de la FAN. De este despacho depende la Superintendencia de Bancos y la Oficina Nacional del Tesoro. Esta última, con un notorio dominio militar, tuvo protagonismo en la crisis financiera de 2009-2011, dado que los bancos llamados “enanos” – en manos de boliburgueses y testaferros de altos funcionarios  –  sin contar con la solvencia necesaria, recibieron millonarios depósitos del Estado, con la complicidad del tesorero de la nación, el teniente Alejandro Andrade. Así negociaron notas estructuradas, bonos de la deuda pública, fideicomisos y hasta créditos con empresas fantasmas. También adscrita a este ministerio estuvo la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), con mucha presencia militar en cargos de dirección, desde donde asumieron el control del sistema cambiario, mediante desbordadas prácticas de corrupción. Aún está pendiente investigar el gran saqueo que sufrió el país, denunciado en nuestro último libro, reconocido hasta por los ex ministros Giordani y Navarro a través de un entramado de empresas-fantasma y de la manipulación con el diferencial cambiario.

En el ministerio de Alimentación: Seis altos oficiales han ejercido el cargo. Venezuela hoy sufre un severo desabastecimiento de alimentos básicos que, combinado con la hiperinflación producto de la desastrosa gestión económica, ocasiona muertes por desnutrición todos los días, en especial, de niños.

En el ministerio de Salud: Cinco miembros de la FAN han sido sus superiores, uno también en la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La crisis hospitalaria y la terrible escasez de medicamentos, junto con el tema de la alimentación, tienen al país sufriendo una profunda crisis humanitaria que debe ser atendida con urgencia.

El ministerio de Industrias Básicas y Minería, del cual dependen la Corporación Venezolana de Guayana, que a sus vez integra las empresas básicas, en su mayoría están dirigidas por militares que las llevaron a un total desastre por incapacidad gerencial y hechos de corrupción. Empresas como Sidor, Venalum, Alcasa, Carbonorca, Bauxilum, Ferrominera del Orinoco y Minerven, entre otras, fueron llevadas a la quiebra por la incapacidad y la corrupción de la casta militar.

Por si esto fuera poco, Maduro les entregó también el último tesoro de Venezuela: la explotación del oro, los diamantes y el coltán, a través del denominado Arco Minero.

A ésto se suma el control de los negocios con las importaciones del Estado a traves de Corpovex y el general Giusseppe Yoffreda.

Esta semana, Maduro puso al frente de Pdvsa al General de la GNB Manuel Quevedo quien ya anunció que incorporará más militares en puestos de mando de la Pdvsa roja-rojita de Ramírez, en medio de un proceso de total desorden e ineficiencia, producto de la corrupción generalizada de la empresa estatal.

Con absoluta complicidad, Maduro también nombró al general Carlos Osorio como ministro de Transporte, a pesar de las gravísimas denuncias que existen en su contra y del voto de censura de la Asamblea Nacional a raíz de una investigación sobre su gestión al frente de la importación de alimentos, cuestión que también le reportó la sanción del Departamento del Tesoro de EEUU.

Estamos ante un autócrata que todo lo condiciona al apoyo de la FAN. Maduro necesita permanentemente de la élite militar que, sumada al Tribunal Supremo de Justicia, que funciona como su bufete personal, y también a la ilegítima ANC, utilizada para violar la Constitución sistemáticamente y de manera grotesca, son los únicos soportes que le quedan, en medio del contundente rechazo del pueblo.

El camino para la recuperación del país es la movilización unitaria y la organización social en la calle, exigiendo el cumplimiento de la Constitución y la realización de un diálogo auténtico que debe incluir, además de la urgente ayuda humanitaria que reclama el país, la liberación de los presos políticos y la realización de elecciones presidenciales en 2018 con un  nuevo CNE, con garantías y sin inhabilitados, ni encarcelados, ni perseguidos.

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